Una escuela inclusiva con todos y para todos.


– La LOMLOE elimina la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, lo que lleva a una planificación unilateral y dirigista de la Administración, sin valorar siquiera las opciones y el interés de las familias.

La ley se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la educación, que cabe garantizar en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en concertados.

Posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, e impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como una “educación para la ciudadanía” rediviva, tan cuestionada por su uso como instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.

– La LOMLOE vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados y de su titular, con lo que eso conlleva de riesgos a no garantizar o poner frenos al desarrollo del ideario, que es la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. La incorporación de nuevo del concejal del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar de los centros concertados, solo puede entenderse como la pretensión de la intromisión de un comisario político.

Subraya los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a las familias. Al contrario, las familias son los primeros agentes educativos a tener en cuenta. Los niños no son una posesión del Estado. Las familias denuncian también la discriminación que sufrirían sus hijos por la elección de un centro educativo concertado financiado con fondos públicos y reconocido en el marco jurídico constitucional. Las familias tienen derecho a ser tenidos en cuenta en las decisiones que se tomen respecto a su futuro.

– La ley Celaá posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, por la Administración. Para, supuestamente, evitar la segregación educativa, puede impedir de forma absoluta la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener
una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.

Ataca la educación diferenciada, abocándola a su no financiación con fondos públicos y forzándola a su desaparición como opción pedagógica.

Insiste en restar autonomía a los centros.

– Además, cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, incluso frente a las consideraciones de los profesionales y las familias.




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