El pasado dos de mayo de 2014, se conmemoraron 12 años de la masacre de Bojayá, en donde en confrontación armada con los paramilitares, la guerrilla de las FARC lanzó un cilindro bomba que acabó con la vida de 89 personas civiles, entre ellos 48 niños/as.
Bojayá es un pueblo ubicado en la gran costa Pacífica, en orillas y afluentes del rio Atrato; lo integran 19 consejos comunitarios y 32 resguardos indígenas; este era un pueblo de esperanza, de vocación agrícola, de pescadores, hasta que llegó la guerra y acabó con todo. Hoy, después de 12 años, encontré nuevamente los estragos de una maldición que pareciera marcarnos desde aquel día: se ven personas que caminan aparentemente normales, pero con las imágenes de aquel aciago instante rondando sus mentes, recorriendo sus venas, negando nuevas sonrisas, metiéndose en sus ojos, robando interminables lágrimas de sangre. Y sin embargo, siguen aferrados a la vida, una vida a la que aún el Estado no garantiza sus derechos, pero al fin al cabo, una Vida.
Porque Bojayá es una comunidad que se resiste a olvidar a sus víctimas. Por eso cantan con el corazón las mujeres de Pogue los alabaos desgarrantes del dolor por la pérdida de sus familiares; son alabaos con alto contenido de denuncia y reclamo; también he presenciado la alegría de los jóvenes en los actos culturales y entonces me preguntaba, ¿podrían aquellos niños/as caídos ser los danzantes de la alegría que vemos en estos jóvenes sobrevivientes de la masacre y del olvido? A esta pregunta no le tuve una respuesta, lo que sí pude constatar es que muchos de ellos no los alcanzó la bala ni las esquirlas de la bomba, no los mato el estallido, ellos mostraban las señales sólo en su cuerpo. Vi el olvido total, un olvido reflejado en la falta de las más mínimas condiciones para sobrevivir, pues muchas víctimas todavía esperan con angustia la anhelada atención psicológica y médica, una reparación integral que no esté hecha de cemento.
Vi un pueblo abandonado a su suerte. A pesar de la masacre y sus impactos, “hoy Bojayá no está siendo acompañado por nadie”, así lo relata un testimonio de un joven, “ hasta la administración local nos abandonó” eso para expresar su sentimiento e impotencia al ver la discusión en un foro organizado en donde se reflexionaba sobre la falta de salud, educación, vivienda adecuada, servicios públicos entre otras cosas, pero en este dialogo sólo estaban los miembros de los consejos comunitarios y resguardos indígenas; tal vez por ello levantamos la mirada hacia otra parte del auditorio y en donde podía distinguir algunos miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica y los misioneros de la diócesis de Quibdó.
El asunto se vuelve complejo porque de esos temas no hay con quien hablar: “Llevamos más de doce años buscando que exista un médico contratado permanentemente, que haya medicinas, que el centro de salud no se haga aguacero, que haya energía eléctrica permanente para que cuando haya médico pueda atender los partos, que los niños indígenas no se mueran por falta de una remisión oportuna a la ciudad de Quibdó». Parece que los planteamientos de la Corte Constitucional desde el año 2005 no tienen observancia institucional en el estado social de derechos como el nuestro.
Pude ver al delegado de las víctimas, repartiendo los alimentos (refrigerios y almuerzos), pues el señor fue contratado como operador logístico para algunos eventos; esta es la única y más importante labor que él realiza en el marco de la atención a las víctimas del conflicto armado en este rincón de la patria; alguien llamó pidiendo una entrevista con el alcalde municipal, pero esto no es posible: El dos de mayo fue declarado oficialmente un día cívico, por tanto toda la administración municipal cesa sus labores, pero nadie asistió a los actos de conmemoración programados.
Con estos doce años de recuerdos y memorias, la gente quiere proyectarse hacia el futuro y dejar un pasado doloroso pero, ¿cómo hacerlo cuando se pregona la justicia y no hay una sola investigación seria sobre los autores intelectuales y materiales de este genocidio? Sobre esto indagamos y la gente manifiesta que la justicia está llegando con la noticia de que pronto se tendrá al señor FREDY RENDÓN HERRERA alias el Alemán librecito y coleando después de pagar tan sólo ocho años de cárcel por asesinar a centenares de civiles campesinos de la región, desaparecer y desplazar a millares de familias. De los militares y su connivencia con los paramilitares no hay investigación en curso, todos han sido absueltos y a los miembros de las FARC no se les conoce el rastro. “Bonita” justicia la nuestra, la colombiana, las víctimas aún siguen con sus problemas de salud, con las esquirlas en el cuerpo, con las heridas abiertas y el dolor. De sus lesiones pareciera que brotaran para siempre sangre de tristeza y nostalgia por un pasado que no volverá y unos familiares que dieron su vida a cambio de nada.
Bojayá es un pueblo conocido por los destrozos que dejó la guerra, pero desde la Coordinación Regional del Pacifico, desde COCOMACIA, desde los cabildos indígenas, desde la Diócesis de Quibdó, nos atrevemos a decir que es hora de exorcizar la maldición que sobre nosotros han impuesto funcionarios y estadistas corruptos, que no nos va a ganar el olvido, que en los diálogos de la Habana necesitamos ser escuchados, que esta guerra no puede llevarnos a la insensibilización y a la inhumanidad.
Señores de la guerra y de la política que apoyan la guerra, tengan la decencia de dirigirse respetuosamente a este pueblo con la verdad y la justicia. Ya no nos revictimicen. Somos sujetos de derechos y pertenecemos a un país al cual ya dimos nuestra cuota de sangre.
*Leyner Palacios es el Coordinador de la Regional Pacífico, una red de organizaciones étnicoterritoriales e Iglesia católica. Él estaba dentro de la casa de las hermanas Agustinas misioneras con su familia cuando estalló el cilindro bomba.
LEYNER PALACIOS ASPRILLA
Coordinación Regional del Pacífico
